Denuncian a Sugamuxi por tanquear bus fuera de estación y desviar las rutas autorizada
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El concejal del municipio de Paz de Ariporo, Henry Riaño, interpuso una denuncia pública contra la empresa de transporte Sugamuxi – Libertadores, luego de que el vehículo en el que viajaba se desviara de la ruta autorizada durante un recorrido hacia Yopal.
Los hechos ocurrieron cuando el conductor abandonó el trayecto establecido y se dirigió a un parqueadero no autorizado, donde se encontraban otros buses de la misma empresa.
Según el relato del cabildante, en el lugar una persona con uniforme de vigilancia privada se acercó al vehículo, mientras Riaño cuestionaba la desviación y exigía ser llevado al terminal de transportes.
Minutos después, un individuo con una camisa del logo de Libertadores le solicitó identificarse, pero se negó a proporcionar sus propios datos cuando el concejal le pidió reciprocidad. Posteriormente, los empleados de la empresa le indicaron que debía descender del vehículo porque procederían a tanquear la unidad, acción prohibida fuera de estaciones de servicio autorizadas.
Ante la situación, Riaño aseguró que se vio forzado a solicitar un taxi para llegar a su destino final, y calificó lo sucedido como una restricción no consentida de su libertad individual. Cabe señalar que, al parecer, tanto el conductor como los demás funcionarios desconocían que se trataba de un concejal en ejercicio.
El incidente evidenció la posible vulneración de varias disposiciones legales que regulan el transporte público en Colombia. En primer lugar, se habría infringido el Decreto 1079 de 2015, al operar fuera de la ruta autorizada, lo que constituye una infracción grave según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002. Además, el reabastecimiento de combustible fuera de una estación autorizada viola el Decreto 1073 de 2015, que regula el expendio de combustibles.
Estas irregularidades podrían acarrear sanciones administrativas para la empresa, incluyendo multas y la inmovilización del vehículo, además de posibles acciones legales por la afectación de derechos fundamentales.
