80 familias de Cimarrón y Villa Rita quedan sin servicios básicos por orden judicial.
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Los barrios Cimarrón y Villa Rita se convirtieron en un recordatorio doloroso de las consecuencias de adquirir vivienda a urbanizadores sin licencia, una práctica que se ha vuelto frecuente en la región. Lo que por años pareció una oportunidad para construir un hogar terminó revelando un vacío legal que hoy pone en riesgo la estabilidad de decenas de familias y expone la fragilidad de quienes confiaron en proyectos que nunca fueron formalizados.
La desconexión simultánea de agua, energía y gas dejó a más de ochenta familias de los barrios Cimarrón y Villa Rita de Yopal en una situación crítica desde la madrugada de este miércoles. La medida, ejecutada por orden judicial, forma parte de un proceso de desalojo relacionado con el origen irregular de los asentamientos, ubicados cerca del aeropuerto El Alcaraván.
Empresas de servicios públicos, acompañadas por unidades de la Policía Nacional, llegaron temprano para realizar los cortes. La escena sorprendió a niños, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad que, según relataron, vieron cómo su vida cotidiana se detenía de un momento a otro. Muchos describieron el procedimiento como una acción que desconocía la fragilidad de quienes habitan la zona.
Los residentes explicaron que, aunque cuentan con escrituras de sus predios, estas no fueron suficientes para detener el proceso. El urbanizador que vendió los lotes hace aproximadamente tres décadas no obtuvo las licencias urbanísticas necesarias, un vacío legal que hoy sostiene la orden de desalojo y la suspensión de los servicios básicos. Para las familias, esto convirtió años de ahorro y esfuerzo en una incertidumbre difícil de asimilar.
El operativo provocó momentos de tensión entre la comunidad y la Fuerza Pública, que permanece en el lugar para garantizar el cumplimiento de la medida. En medio del despliegue, también se reportaron agresiones contra comunicadores que cubrían los hechos. Aunque no hubo lesiones físicas de gravedad, el episodio fue denunciado como un intento de limitar la labor informativa.
Frente a este panorama, los habitantes hicieron un llamado urgente a la Alcaldía de Yopal y a la Gobernación de Casanare para que intervengan y gestionen la reconexión de los servicios. Para ellos, la intervención institucional es la única vía para frenar el desgaste emocional y material que les deja un conflicto urbano que se remonta a tres décadas.
