Contraloría emitió informe alertando a los Gobiernos locales que deben asumir alimentación en centros de detención.
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A partir del 30 de junio de 2025, las entidades territoriales asumirán la responsabilidad de suministrar alimentación a las personas privadas de la libertad recluidas en los Centros de Detención Transitoria, tras la suspensión del servicio por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC).
Esta medida se deriva de la Ley 2346 de 2024, que asigna nuevas competencias a alcaldías y gobernaciones en materia de atención humanitaria.
La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación instaron a las autoridades territoriales a presentar planes de atención que garanticen la continuidad del servicio de alimentación a partir de julio. Ambos órganos de control realizarán seguimiento y verificación de la información presentada, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la normativa y proteger los derechos de las personas recluidas.
Paralelamente, la Contraloría ejecuta una auditoría de cumplimiento en 125 cárceles y centros de detención transitoria durante el primer semestre de 2025.
