Consulta popular 2.0: Preguntas clave sobre salud y la controversia legal por su radicación.
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La consulta popular 2.0, que el Gobierno Nacional radicó recientemente con un total de 16 preguntas, no solo incluyó iniciativas sobre derechos laborales y seguridad social, sino que incorporó puntos esenciales directamente relacionados con la propuesta de reforma a la salud.
Dentro de las preguntas que abordan específicamente el sector salud, se presentó la propuesta de que el Gobierno Nacional asumiera la compra o producción de los medicamentos necesarios.
El fin de esto sería garantizar que lleguen de manera completa y oportuna a los pacientes que los requieren. Un punto que generó especial atención plantea la transformación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), buscando que abandonen su rol de intermediarias financieras para convertirse en gestoras de salud.
Bajo este esquema, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) sería la encargada de pagar directamente a hospitales y clínicas por los servicios prestados. Además, se incluyó una pregunta que buscaba asegurar la implementación de un modelo de atención primaria en salud, con un enfoque preventivo y resolutivo, acompañado de una ampliación de los servicios especializados necesarios, los cuales operarían bajo esquemas públicos, privados y mixtos.
Una cuarta pregunta centrada en el ámbito sanitario propuso establecer un régimen laboral especial para los empleados y trabajadores de la salud. Este régimen buscaría garantizar su vinculación formal, el pleno respeto de sus derechos laborales y la percepción de un salario justo.
Sin embargo, la radicación de esta nueva consulta popular no estuvo exenta de polémica. Se generó una controversia significativa al cuestionarse si el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien participó en la radicación actuando con funciones presidenciales delegatarias, poseía la facultad legal necesaria para presentar dicha solicitud ante el Senado de la República.
La verdad es que la polémica se fundamentó en que el decreto mediante el cual se le otorgó el encargo delegatorio al ministro Jaramillo no incluyó de manera específica el artículo 104 de la Constitución Política. Y es este artículo el que, precisamente, faculta al jefe de Estado para presentar solicitudes destinadas a consultar a los ciudadanos sobre algún tema de interés nacional.
La situación ha escalado hasta el punto de que, según se conoció, está siendo objeto de un análisis interno dentro del Gobierno Nacional. Se buscan posibles salidas jurídicas que permitan subsanar la aparente irregularidad. A simple vista, la omisión de dicho artículo en el decreto delegatorio podría interpretarse como que la consulta popular habría quedado mal presentada en el Senado.
Ante este panorama, diversos sectores políticos se preguntan si, a raíz de este posible error de procedimiento, la iniciativa deberá ser retirada formalmente y posteriormente firmada de manera directa por el presidente Gustavo Petro. Esto ocurriría una vez que el mandatario retome sus funciones al regresar al país, para que solo entonces pueda ser presentada nuevamente de forma correcta ante el Congreso.
