Denuncias de corrupción electoral ensombrecen elecciones en Vichada, dos candidatos de izquierda se disputaron la Gobernación.
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Las elecciones atípicas para gobernador en Vichada quedaron marcadas no solo por el ajustado triunfo de Fulberto Guevara, sino por múltiples denuncias de irregularidades que podrían poner en duda la transparencia del proceso.
Mientras la Registraduría Nacional destacó la normalidad de la jornada, autoridades y ciudadanos reportaron presuntos casos de coacción y compra de votos.

Uno de los episodios más polémicos fue la detención del diputado Luis Carlos Álvarez, del Partido Liberal, en Cumaribo. Según testigos, habría estado repartiendo dinero a votantes, una práctica prohibida por la ley electoral. Sin embargo, su rápida liberación generó malestar entre quienes esperaban una investigación más contundente.
Por otro lado, el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, reveló un video en el que aparecen funcionarios públicos, incluido el gobernador encargado y el alcalde de La Primavera, haciendo campaña descaradamente por Juan Carlos Cordero Rojas. Entre los implicados figura incluso la esposa del exgobernador Alex Benito, condenado recientemente por corrupción.

Ante esto, Idárraga pidió acciones inmediatas: investigaciones penales por parte de la Fiscalía, sanciones electorales contra los partidos que avalaron a Cordero, y medidas disciplinarias para los servidores públicos involucrados.
Mientras tanto, el ganador, Fulberto Guevara respaldado por Colombia Humana y el Partido Verde, enfrenta sus propios cuestionamientos. Medios locales lo señalan como uno de los mayores contratistas de la región, con millonarios negocios con entidades públicas; con presuntas adjudicaciones por más de $39.316 millones, principalmente de la Gobernación y la Alcaldía de Cumaribo.
Su rival, Cordero, contaba con el respaldo de cuatro partidos, incluidos AICO y La U, lo que evidencia la polarización política en el departamento.
Con una participación ciudadana de apenas el 51,98%, estos comicios reflejan no solo el desinterés de los vichadenses, sino también la sombra de prácticas que, de confirmarse, podrían minar la confianza en la democracia local.
