Embargan bienes de la empresa Perenco para reparar víctimas del conflicto en Casanare.
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Un juez de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá ordenó el embargo de dos oficinas de la petrolera Perenco, tras comprobarse su presunta vinculación con el financiamiento al paramilitarismo en Casanare.
Las instalaciones, ahora bajo administración del Fondo de Reparación, serán utilizadas para indemnizar a víctimas de la violencia en el departamento.
La decisión judicial se basó en testimonios clave de exintegrantes de las AUC, quienes revelaron que la empresa con importantes operaciones en Yopal, sostuvo vínculos con el Bloque Centauros.
“Proveían recursos a cambio de protección en sus pozos”, señaló uno de los declarantes. La Fiscalía, con apoyo internacional, rastreó movimientos financieros y contratos de la multinacional para sustentar la medida.
Perenco, que aún no se pronuncia públicamente, enfrenta uno de los casos más emblemáticos contra empresas acusadas de complicidad en el conflicto armado. Las autoridades no descartan nuevas acciones sobre otros activos de la compañía.
