Fiscalía reveló que exministros del Gobierno Petro conocían presunto esquema de sobornos
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Durante la audiencia de imputación de cargos contra María Alejandra Benavides Soto, exasesora del Ministerio de Hacienda, la Fiscalía General de la Nación presentó elementos que vincularían directamente a dos exministros del actual Gobierno en un presunto esquema de corrupción que involucró sobornos a congresistas a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La fiscal del caso, María Cristina Patiño, sostuvo que Benavides Soto se habría reunido con los exministros Luis Fernando Velasco y Diego Guevara, con el objetivo de discutir mecanismos para beneficiar a parlamentarios con contratos públicos, a cambio de asegurar su respaldo en la aprobación de operaciones de crédito público en el Congreso de la República.
Según lo expuesto, las reuniones habrían girado en torno a la distribución de recursos provenientes de la UNGRD, con la participación activa de altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. La fiscal señaló que se logró recopilar evidencia de encuentros y comunicaciones en los que se discutía la forma de asegurar votos favorables mediante incentivos contractuales.
Estas nuevas revelaciones se suman a la investigación principal que involucra a varios congresistas, entre ellos integrantes del Pacto Histórico, quienes presuntamente solicitaron contratos en territorios de su interés político a cambio de su apoyo legislativo. Las regiones beneficiadas con los proyectos contractuales incluyen a Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y el corregimiento El Salado en Carmen de Bolívar (Bolívar).
Dentro de los congresistas mencionados en el proceso figuran Karen Manrique, representante de Arauca, y Martha Peralta, representante de La Guajira, ambas integrantes del Pacto Histórico.
El escándalo ha despertado una serie de cuestionamientos sobre el manejo de los recursos públicos y la supuesta utilización política de entidades como la UNGRD. Las autoridades continúan recabando testimonios, documentos y registros de reuniones que permitan esclarecer el nivel de responsabilidad de los actores involucrados.
El caso se encuentra en etapa de imputación, mientras avanzan las investigaciones que podrían implicar nuevas acciones judiciales en las próximas semanas.
