¿Inhabilitado o no? El debate legal que define el futuro del concejal Carrillo Pinzón.
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La controversia judicial alrededor del concejal Andersson Alonso Carrillo Pinzón sigue dando de qué hablar. Tras ocupar la curul dejada por Michael Castro, destituido por nulidad electoral, Carrillo enfrenta una demanda que cuestiona su elegibilidad por supuestos contratos con el Estado en el año previo a su elección.
El procurador regional de Casanare, Juan Pablo Rincón Camacho, presentó un concepto ante el Tribunal Administrativo en el que sostiene que Carrillo Pinzón no incurrió en inhabilidad.
Según su análisis, aunque el concejal firmó contratos con la Gobernación de Casanare para prestar servicios de inspección sanitaria, estos no se ejecutaron en Yopal, requisito clave para configurar la causal de nulidad.
La demanda, presentada por Jesús Barrera Blanco, alega que los contratos violan el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, que prohíbe a los candidatos celebrar negocios con entidades públicas en el año previo a las elecciones. Sin embargo, el procurador señaló que la norma exige que los contratos afecten directamente al municipio donde se postula el candidato, algo que, en este caso, no habría ocurrido.
Mientras el Tribunal Administrativo estudia el caso, la incertidumbre política en Yopal persiste. Si la demanda es aceptada, el Concejo Municipal podría enfrentar una nueva vacante, sumando otro episodio a la ya complicada situación institucional del municipio.
