Nuevo escándalo en Capresoca, en menos de un mes liquidó anticipadamente contrato de asesoría por $159 millones de pesos.
2 minutos de lectura
Capresoca EPS y el contratista German Ricardo Chaves Isaza suscribieron el acta de terminación anticipada y liquidación bilateral del Contrato No. 382.2026, el pasado 11 de agosto de 2026. El acuerdo, que tenía un valor total de 159.948.992 pesos.
El contrato, celebrado el 22 de julio de 2026, tenía por objeto la prestación de servicios especializados de asesoría jurídica, financiera, administrativa y de gestión en salud a la agente especial interventora de Capresoca EPS. El plazo inicial era de dos años, contado a partir del 24 de julio, con vencimiento previsto para el 1 de septiembre de 2029.
nzález, directora de Gestión Financiera y supervisora designada, y German Ricardo Chaves Isaza, en su calidad de contratista. En el acta de liquidación se dejó constancia de que el valor total ejecutado asciende a 159.948.992 pesos, sin que se reporten saldos a favor de la EPS.
El proceso se enmarca en las facultades otorgadas por el manual de contratación de Capresoca EPS, adoptado mediante el Acuerdo No. 012 del 6 de diciembre de 2022. La entidad no informó las razones específicas que motivaron la terminación anticipada del contrato.
La entidad atraviesa un momento crítico desde el aspecto económico. De acuerdo con información pública, la Superintendencia Nacional de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa administrativa sobre Capresoca EPS debido a la persistencia de falencias financieras y operativas. La EPS presenta un patrimonio negativo histórico con deudas acumuladas que comprometen su viabilidad. De hecho, es el principal deudor del Hospital Regional de la Orinoquía, con una cartera cercana a los 149.000 millones de pesos.
Fuentes extraoficiales consultadas por este medio señalan dos hipótesis sobre la liquidación anticipada del contrato. La primera indica que el funcionario habría sido presionado para renunciar, con el fin de ubicar en su lugar a una persona recomendada por un alto líder político del departamento.
La segunda hipótesis sugiere que podría tratarse de una maniobra estratégica para desviar recursos económicos hacia particulares. Estas versiones no han sido confirmadas por las autoridades competentes.
Capresoca EPS, que actualmente se encuentra bajo la dirección de la agente especial interventora Olga Lucía Vásquez Barrios, no se ha pronunciado oficialmente sobre el particular. La Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República han sido notificadas de presuntas irregularidades en la gestión de la EPS en ocasiones anteriores.
Se espera que los organismos de control inicien las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsables y aplicar las sanciones a que haya lugar.
