Contraloría condena a seis personas por detrimento de 18.700 millones en el proyecto Torres del Silencio de Yopal.
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La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada Intersectorial N° 12, profirió fallo de primera instancia en el proceso de responsabilidad fiscal por el proyecto habitacional de interés social “Torres del Silencio”, en Yopal. El organismo de control declaró un detrimento patrimonial de 11.346 millones de pesos como monto base, que indexado a mayo de 2026 asciende a 18.718 millones de pesos.
La decisión se relaciona con la pérdida de fondos públicos asignados mediante subsidios de vivienda por la Gobernación de Casanare y el Municipio de Yopal, a través del IDURY (hoy INDEV), para el diseño y construcción del proyecto. El fallo halló responsables a seis personas naturales, a quienes impuso condenas solidarias según su grado de participación y supervisión.
Iader Wilhelm Barrios Hernández, constructor y cogestor del Convenio 001 de 2011, deberá pagar el 100% del valor del daño fiscal indexado, es decir, 18.718 millones de pesos. Su responsabilidad se fundamentó en tres omisiones: ejecutar la construcción con diseños que no se ajustaban a la norma sismo resistente NSR-10, desconocer los procesos constructivos, lo que generó patologías estructurales graves, y apropiarse irregularmente de un saldo del anticipo por 632 millones de pesos.
Alexander Cortés Medina, exgerente del IDURY entre 2012 y 2015, fue hallado responsable por autorizar nueve órdenes de pago a pesar de las alertas de la interventoría sobre retrasos y problemas de calidad. Rafael Nayib Fonseca Saad, exgerente en 2015, aprobó ocho órdenes de pago en un contexto de múltiples advertencias sobre incumplimientos contractuales. Didier Mauricio Montoya Campos, gerente entre 2016 y 2017, autorizó siete desembolsos en un periodo de crisis técnica total.
Narda Consuelo Perilla Alonso, supervisora del convenio entre 2013 y 2015, fue condenada por autorizar 23 giros de avance de obra teniendo a su disposición informes que reportaban pruebas de laboratorio fallidas e incumplimientos sistemáticos. Sandra Lorena Cruz Quintero, supervisora entre 2016 y 2019, aprobó nueve órdenes de pago que superaron los mil millones de pesos en un momento en que la interventoría documentaba la inviabilidad del proyecto.
El fallo también vinculó a las compañías de seguros Compañía Nacional de Seguros S.A. y La Previsora S.A. para hacer efectivas las garantías a favor de la administración.
Varios procesados fueron exonerados o se declaró la caducidad de la acción. Entre ellos, el exgobernador Óscar Raúl Iván Flórez Chávez y el exdirector de Contratación Rodrigo Flechas Ramírez, al no probarse que las falencias de planeación iniciales constituyeran daño fiscal atribuible a su gestión directiva. El interventor de obra Julián Javier Daza López también fue absuelto, al considerarse que su conducta no configuró culpa grave.
El proyecto “Torres del Silencio” surgió para dar cumplimiento a un fallo de Acción Popular de 2006 que ordenaba la reubicación de más de 200 familias del barrio La Esmeralda de Yopal por la interferencia del ruido del aeropuerto. Sin embargo, las deficiencias técnicas, estructurales y la inconclusión de las obras derivaron en el colapso del proyecto y la pérdida irrecuperable de los recursos.
Una vez en firme la providencia, se remitirán copias para iniciar el cobro coactivo sobre los bienes de los condenados y serán inscritos en el Boletín de Responsables Fiscales. Actualmente, el proceso se encuentra en etapa de notificación a los implicados.
